Las sociedades profesionales: objetivo de la Agencia Tributaria

  • JAIME LÓPEZ / RSM SPAIN - 30 MAY. 2019 - Expansión.com

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El último plan de inspección de la Agencia Tributaria (AEAT) incluye, como uno de los elementos en los que focalizará sus actividades de comprobación, las situaciones en las que servicios profesionales son prestados a través de sociedades.

A pesar de estar incluido en el último plan de inspección, no por ello se trata de una novedad para la Agencia Tributaria (AEAT). De sobras son conocidos casos notorios que han aparecido en la prensa de periodistas, artistas, deportistas, etc.

La importancia de esta cuestión y su intensivo uso en los últimos años por los contribuyentes seguramente llevó a que la AEAT publicara, hace unas semanas, una nota aclaratoria sobre el criterio que sigue en la comprobación de este tipo de estructuras. El término nota aclaratoria no es baladí. No se trata de un cambio de criterio, como algunos notorios contribuyentes investigados por la Agencia Tributaria pregonan en la prensa como pobre argumento de defensa ante la opinión pública, sino de la confirmación de un criterio asentado sobre el sentido común.

Por todos es conocido el funcionamiento de estas estructuras: un profesional utiliza una sociedad para canalizar ciertas rentas derivadas de su propia actividad; sociedad que en muchas ocasiones carece de la estructura necesaria para prestar esos servicios o que, teniendo estructura, no participa realmente en la prestación de estos. Esta canalización de rentas implica una disminución de la carga impositiva por la diferencia entre tipos marginales del IRPF y el tipo impositivo del Impuesto sobre Sociedades. Las consecuencias de la posible regularización son graves, incluyendo sanciones en grados máximos y en muchas ocasiones superando el umbral del delito fiscal.

Y ¿Cómo afronta la AEAT estas situaciones? La citada nota ha venido a confirmar en cierta medida cómo la AEAT enfoca la comprobación de estas estructuras. Para la correcta determinación de la tributación de estas situaciones la AEAT parte de un doble test, analizando las circunstancias concretas de cada situación. Primero, determinando si la sociedad dispone de medios materiales y humanos y si esos medios utilizados para prestar el servicio son realmente de la sociedad o bien del profesional. Segundo, en caso de que tanto la sociedad como el profesional dispongan de medios, determinar si la intervención en la prestación del servicio por parte de la sociedad es real.

A partir de este doble test, la AEAT distingue por un lado los casos de simulación y los casos en los que la discusión se centra en una cuestión de valoración de operaciones vinculadas.

En aquellos casos en los que la sociedad carece de medios materiales y humanos y/o estructura básica para prestar los servicios o, bien disponiendo de ellos su intervención en la prestación de servicios no es real, la AEAT considera que el único activo es el propio profesional, quien realmente presta el servicio y, por tanto, la sociedad deviene "transparente". Es decir, se trata de una mera interposición de sociedad para minorar la carga tributaria. La AEAT resuelve estos casos a través de la figura de la simulación del artículo 16 de la LGT.

Por otro lado, en aquellas situaciones en las que la sociedad disponga de estructura (medios materiales y humanos) para prestar el servicio y realmente haya intervenido en la prestación de estos, la tributación se determinará por la correcta valoración de operaciones vinculadas entre el profesional y la sociedad determinando la remuneración que el profesional debe percibir, ya sea como salario o como honorarios profesionales, al amparo del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

El sentido común que rige la normativa de operaciones vinculadas se impone. Cabe recordar que su utilización para operaciones entre compañías residentes en España está amparada por nuestra normativa desde tiempos  emotos. Por tanto, no sirve la excusa del cambio de criterio.

Efectivamente, el principio de plena competencia o valor de mercado exige que las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valoren por su valor de mercado, entendiéndose por tal aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia. 

Su aplicación parte del análisis de las funciones llevadas a cabo, los activos empleados y la asunción y control de riesgos para determinar la atribución de rentas y beneficios entre las partes de una operación, ya sea entre compañías de un grupo multinacional, o entre una persona física y una sociedad a la que está vinculada como socio, administrador o consejero.

Si bien la utilización del principio de plena competencia en estas situaciones puede ser aplaudida, es su aplicación en determinados casos donde, quizás, el criterio de la Administración puede merecer alguna crítica. Numerosas resoluciones optan por aplicar el método del precio libre comparable como método de precios de transferencia para valorar la operación entre el socio y la sociedad. Ello implica que prácticamente la totalidad de la renta cobrada por la sociedad al cliente es imputada al profesional como retribución personal, atribuyendo a la sociedad únicamente un pequeño margen de beneficio sobre sus costes. 

Si bien es cierto que, en algunas ocasiones esta aproximación puede ser cercana a la realidad, su aplicación generalizada a todos los casos genera situaciones que pueden resultar injustas. Un análisis caso por caso de funciones, activos y riesgos debe ayudar a determinar cuál es la porción de ingresos y beneficios que debe quedar en sede de la sociedad huyendo de automatismos o forfaits y aplicando otras metodologías de valoración recogidas en nuestra normativa. 

En definitiva, ante una comprobación de este tipo de estructuras, la normativa de precios de transferencia y el principio de valor de mercado puede ayudarnos a determinar la existencia o no de simulación, así como la cuota de  articipación en ingresos de la sociedad y el profesional. Ello, además, podría tener un impacto en la imposición o no de sanciones al poder quedar sometidos al régimen sancionador específico de operaciones vinculadas. 

Finalmente, la misma nota hace mención de otro problema que afecta a sociedades interpuestas. Es el llamado remansamiento de rentas que consiste en la localización de una parte importante del patrimonio de los  ocios en estructuras societarias de su titularidad. No obstante, dado el impacto que esas conductas pueden en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades, IVA y el Impuesto sobre el Patrimonio,  merece un capítulo aparte.

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